Docentes de distintas universidades nacionales profundizan las medidas de protesta frente al ajuste del Gobierno nacional y la falta de aplicación de la ley de financiamiento universitario, aprobada y ratificada por el Congreso tras el veto presidencial. A pocos días del inicio de un nuevo cuatrimestre, crece el malestar en las facultades y los gremios evalúan convocar a un paro nacional.
La semana pasada, el Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió no comenzar las clases hasta que entre en vigencia la norma aprobada por el Congreso en 2025. La decisión fue acompañada por el Departamento de Geología y surgió de asambleas internas, sin una definición formal aún por parte de los sindicatos.
“Se votó el no inicio del cuatrimestre y también la suspensión de mesas de examen hasta que se aplique la ley”, explicó la doctora Haydée Pizarro, profesora asociada de la UBA e investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Según detalló, el reclamo responde principalmente a la situación salarial y al incumplimiento de la recomposición prevista en la ley.
Además, cuestionó el nuevo proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para reemplazar la normativa vigente. “Desde el punto de vista salarial es inaceptable. No reconoce lo perdido en 2024 y 2025 y compromete el funcionamiento de las facultades”, sostuvo.
En el plano sindical, este martes se realizará una asamblea general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), mientras que el jueves tendrá lugar el congreso nacional de la Conadu Histórica. Desde esta última federación adelantaron que el paro universitario se concretará durante marzo.
Entre las críticas al nuevo proyecto oficial, señalaron que intentaría derogar con carácter retroactivo la ley vigente —lo que consideran inconstitucional— y que propone una recomposición salarial del 12,1% en tres cuotas hasta septiembre, muy por debajo de lo establecido originalmente. También advirtieron que no contempla becas estudiantiles y que condiciona el incremento de los gastos de funcionamiento a una pauta inflacionaria determinada, sin detallar criterios de distribución entre las 62 universidades nacionales.
En paralelo, Conadu anunció un plan de lucha que incluye una semana de paro del 16 al 22 de marzo, fechas que podrían modificarse según el avance legislativo del nuevo proyecto.
Facultades en alerta
La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA emitió un comunicado firmado por el decano Guillermo Durán y la vicedecana Valeria Levi, en el que denunciaron que, a cuatro meses de su promulgación, la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario continúa sin aplicarse.
En el documento detallaron la situación salarial del personal docente y no docente. Indicaron que, a enero de 2026, un profesor adjunto con dedicación exclusiva y 15 años de antigüedad percibe $1.640.233 en mano por 40 horas semanales, mientras que un ayudante de primera con dedicación exclusiva cobra $938.271. En tanto, un trabajador nodocente categoría 5 con 10 años de antigüedad percibe $1.184.876 por 35 horas semanales. “Los montos son absurdamente bajos y generan reclamos legítimos, enojo y angustia”, señalaron.
Asimismo, advirtieron que la desfinanciación del sistema científico afecta directamente la calidad educativa. Recordaron que muchos docentes también son investigadores o becarios del Conicet y que han sufrido una reducción significativa en sus ingresos desde diciembre de 2023, además de la virtual paralización del financiamiento a proyectos científicos.
Finalmente, las autoridades reafirmaron su compromiso con la universidad pública y el sistema científico nacional, y reclamaron al Gobierno la aplicación efectiva de la ley vigente. También exhortaron a diputados y senadores a defender el financiamiento universitario y rechazar cualquier intento de modificar la norma aprobada por el Congreso.
El Destape