La investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) vuelve a quedar en el centro de la escena política y judicial. Esta vez, el caso suma el testimonio de Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, quien desde un hospital de Santa Cruz, Bolivia, asegura conservar grabaciones de conversaciones privadas en las que el consultor habría hablado de supuestos hechos de corrupción dentro del Gobierno de Javier Milei.
Beller permanece internada después de sobrevivir a una balacera por la que Cerimedo se encuentra detenido en Bolivia, acusado de ser el presunto autor intelectual del ataque. Desde la clínica Las Américas, donde se recupera, sostuvo que posee audios de más de una hora de duración que, según afirma, contienen conversaciones en las que Cerimedo habría revelado información sobre manejos irregulares dentro del oficialismo.
La revelación tiene una derivación directa hacia la causa ANDIS. La diputada Marcela Pagano solicitó que Beller sea convocada a declarar y que aporte las grabaciones a la Justicia argentina. El fiscal Franco Piccardi analiza esa posibilidad en una investigación que ya alcanzó a empresarios y exfuncionarios y que contempla delitos como asociación ilícita, cohecho, fraude contra el Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.
“Era una olla a presión”
Beller, abogada de profesión, sostiene que Cerimedo le habló en reiteradas oportunidades de la situación interna del Gobierno. Según su relato, el consultor describía al Ejecutivo como una estructura atravesada por disputas y hechos de corrupción y señalaba particularmente a Karina Milei como una figura central de esas maniobras.
“Era una olla a presión, plagada de corrupción”, habría señalado Cerimedo, de acuerdo con el testimonio de Beller.
ANDIS: los audios, Cerimedo y Spagnuolo, y la trama de corrupción que vuelve a golpear al Gobierno de Javier Milei
Por Matías Ferrari
20 de agosto de 2026
La investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) vuelve a quedar en el centro de la escena política y judicial. Esta vez, el caso suma el testimonio de Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, quien desde un hospital de Santa Cruz, Bolivia, asegura conservar grabaciones de conversaciones privadas en las que el consultor habría hablado de supuestos hechos de corrupción dentro del Gobierno de Javier Milei.
Beller permanece internada después de sobrevivir a una balacera por la que Cerimedo se encuentra detenido en Bolivia, acusado de ser el presunto autor intelectual del ataque. Desde la clínica Las Américas, donde se recupera, sostuvo que posee audios de más de una hora de duración que, según afirma, contienen conversaciones en las que Cerimedo habría revelado información sobre manejos irregulares dentro del oficialismo.
La revelación tiene una derivación directa hacia la causa ANDIS. La diputada Marcela Pagano solicitó que Beller sea convocada a declarar y que aporte las grabaciones a la Justicia argentina. El fiscal Franco Piccardi analiza esa posibilidad en una investigación que ya alcanzó a empresarios y exfuncionarios y que contempla delitos como asociación ilícita, cohecho, fraude contra el Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.
“Era una olla a presión”
Beller, abogada de profesión, sostiene que Cerimedo le habló en reiteradas oportunidades de la situación interna del Gobierno. Según su relato, el consultor describía al Ejecutivo como una estructura atravesada por disputas y hechos de corrupción y señalaba particularmente a Karina Milei como una figura central de esas maniobras.
“Era una olla a presión, plagada de corrupción”, habría señalado Cerimedo, de acuerdo con el testimonio de Beller.
La mujer afirma que comenzó a grabar las conversaciones como mecanismo de protección personal frente a las amenazas y malos tratos que, según denunció, habría sufrido durante la relación. De acuerdo con su versión, las grabaciones quedaron almacenadas en distintos dispositivos y podrían ser entregadas a la Justicia si finalmente es citada a declarar.
Beller también relató que fue testigo del progresivo distanciamiento entre Cerimedo y distintos sectores del oficialismo. Según su testimonio, el consultor habría expresado preocupación por algunas decisiones del Gobierno, entre ellas la represión de protestas y determinadas iniciativas legislativas impulsadas por Milei.
En ese contexto, también habría mencionado reiteradamente a Santiago Caputo y sus diferencias con integrantes del entorno presidencial.
Cerimedo y Spagnuolo: el vínculo que quedó bajo la lupa
La importancia del testimonio de Beller radica, entre otros aspectos, en que Cerimedo ya había declarado ante la Justicia argentina sobre su relación con Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS.
Ambos se conocían desde antes de la llegada de Milei al poder y compartían vínculos dentro del universo libertario. En septiembre de 2025, cuando fue convocado por la fiscalía, Cerimedo declaró que Spagnuolo le habría hablado en conversaciones privadas sobre un esquema de presuntas coimas relacionado con las contrataciones de la agencia.
Según aquella declaración, el exfuncionario le habría mencionado un supuesto retorno del 3 por ciento destinado a la Casa Rosada y pagos atribuidos a Martín “Lule” Menem. Esas afirmaciones forman parte de la investigación y deberán ser contrastadas con el resto de la evidencia incorporada al expediente.
La eventual incorporación de ese material a la causa podría abrir una nueva línea de investigación: no solamente respecto del contenido de los audios, sino también sobre su origen, las circunstancias en las que fueron obtenidos y las personas que participaron de su filtración.
La trama de las contrataciones en ANDIS
La causa judicial no depende exclusivamente de las grabaciones. Según la investigación, el expediente cuenta con documentación de licitaciones, información extraída de teléfonos celulares, registros contables y comunicaciones entre empresarios y funcionarios.
Uno de los elementos analizados por los investigadores son las compulsas de precios correspondientes a medicamentos de alto costo. De acuerdo con la acusación, una proporción muy elevada de las órdenes de compra habría quedado concentrada en determinadas empresas, mientras que otras firmas habrían participado como competidoras aparentes, presentando cotizaciones considerablemente superiores.
El expediente también contiene registros contables atribuidos a Miguel Ángel Calvete, donde aparecen fechas de pagos que, según los investigadores, coincidirían con desembolsos realizados por el Estado. En esos registros se habrían consignado porcentajes correspondientes a presuntos retornos vinculados con las adjudicaciones.
A esto se suman conversaciones de WhatsApp incorporadas a la investigación, en las que aparecen empresarios y funcionarios discutiendo contrataciones, pagos y el funcionamiento interno del organismo.
La Justicia deberá determinar ahora qué alcance tuvo cada una de esas maniobras, quiénes participaron y si existió efectivamente una estructura coordinada para direccionar las contrataciones y obtener beneficios económicos ilegales.
El “3 por ciento” y las acusaciones contra la Casa Rosada
Uno de los elementos políticamente más sensibles de la causa es la referencia a un supuesto “3 por ciento” que, según las declaraciones atribuidas a Spagnuolo y posteriormente reproducidas por Cerimedo, habría tenido como destino la Casa Rosada.
La acusación alcanzaría, según los testimonios incorporados al expediente, al entorno de Karina Milei y a Lule Menem.
Sin embargo, se trata de imputaciones que deben ser diferenciadas de los hechos que la Justicia ya considera acreditados o suficientemente sustentados. La existencia de documentación sobre contrataciones, comunicaciones y movimientos empresariales no prueba por sí misma que los funcionarios mencionados hayan recibido dinero ni que la máxima conducción del Gobierno haya ordenado las maniobras investigadas.
Ese es, precisamente, uno de los puntos centrales que deberá determinar la investigación judicial.
La defensa de Spagnuolo y la batalla por los audios
La defensa de Spagnuolo intenta instalar una hipótesis diferente: que las grabaciones que dieron origen al escándalo podrían formar parte de una operación de inteligencia destinada a perjudicar al Gobierno.
Sus abogados plantearon incluso la denominada teoría del “fruto del árbol envenenado”, con el objetivo de cuestionar la validez de las pruebas obtenidas a partir de los audios.
En paralelo, existe una investigación encabezada por el fiscal Carlos Stornelli que analiza precisamente la hipótesis de una eventual operación detrás de las grabaciones.
Pero la discusión sobre la autenticidad de los audios no resuelve por sí sola el resto del expediente. La causa ANDIS también se apoya en evidencia documental y tecnológica obtenida durante la investigación.
El juez federal Ariel Lijo dispuso avanzar con una pericia sobre las grabaciones. El estudio estará a cargo de la Dirección de Criminalística de Gendarmería y buscará establecer, entre otros aspectos, la autenticidad del material y si existieron modificaciones o manipulaciones.
El papel de Natalia Basil
Otro nombre que vuelve a aparecer es el de Natalia Basil, exesposa de Cerimedo y exfuncionaria de la ANDIS.
Beller sostiene que Basil habría tenido un papel decisivo en la filtración de los audios. Según su relato, Cerimedo le atribuía a su exesposa ambiciones políticas y negocios dentro del Estado y habría sido ella quien entregó el material que terminó llegando a la Justicia.
Basil trabajó en la ANDIS entre abril y diciembre de 2024, período en el que, según la investigación, comenzó a desarrollarse el esquema de contrataciones bajo sospecha.
Sin embargo, existen elementos que relativizan esa hipótesis. Basil se desempeñaba en el área de pensiones y no en el sector de Incluir Salud, donde se concentra buena parte de las maniobras investigadas. Además, el período que los investigadores identifican como de mayor intensidad de los presuntos sobreprecios corresponde a 2025, cuando Basil ya no trabajaba en el organismo.
ANDIS: los audios, Cerimedo y Spagnuolo, y la trama de corrupción que vuelve a golpear al Gobierno de Javier Milei
Por Matías Ferrari
20 de agosto de 2026
La investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) vuelve a quedar en el centro de la escena política y judicial. Esta vez, el caso suma el testimonio de Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, quien desde un hospital de Santa Cruz, Bolivia, asegura conservar grabaciones de conversaciones privadas en las que el consultor habría hablado de supuestos hechos de corrupción dentro del Gobierno de Javier Milei.
Beller permanece internada después de sobrevivir a una balacera por la que Cerimedo se encuentra detenido en Bolivia, acusado de ser el presunto autor intelectual del ataque. Desde la clínica Las Américas, donde se recupera, sostuvo que posee audios de más de una hora de duración que, según afirma, contienen conversaciones en las que Cerimedo habría revelado información sobre manejos irregulares dentro del oficialismo.
La revelación tiene una derivación directa hacia la causa ANDIS. La diputada Marcela Pagano solicitó que Beller sea convocada a declarar y que aporte las grabaciones a la Justicia argentina. El fiscal Franco Piccardi analiza esa posibilidad en una investigación que ya alcanzó a empresarios y exfuncionarios y que contempla delitos como asociación ilícita, cohecho, fraude contra el Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.
“Era una olla a presión”
Beller, abogada de profesión, sostiene que Cerimedo le habló en reiteradas oportunidades de la situación interna del Gobierno. Según su relato, el consultor describía al Ejecutivo como una estructura atravesada por disputas y hechos de corrupción y señalaba particularmente a Karina Milei como una figura central de esas maniobras.
“Era una olla a presión, plagada de corrupción”, habría señalado Cerimedo, de acuerdo con el testimonio de Beller.
La mujer afirma que comenzó a grabar las conversaciones como mecanismo de protección personal frente a las amenazas y malos tratos que, según denunció, habría sufrido durante la relación. De acuerdo con su versión, las grabaciones quedaron almacenadas en distintos dispositivos y podrían ser entregadas a la Justicia si finalmente es citada a declarar.
Beller también relató que fue testigo del progresivo distanciamiento entre Cerimedo y distintos sectores del oficialismo. Según su testimonio, el consultor habría expresado preocupación por algunas decisiones del Gobierno, entre ellas la represión de protestas y determinadas iniciativas legislativas impulsadas por Milei.
En ese contexto, también habría mencionado reiteradamente a Santiago Caputo y sus diferencias con integrantes del entorno presidencial.
Cerimedo y Spagnuolo: el vínculo que quedó bajo la lupa
La importancia del testimonio de Beller radica, entre otros aspectos, en que Cerimedo ya había declarado ante la Justicia argentina sobre su relación con Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS.
Ambos se conocían desde antes de la llegada de Milei al poder y compartían vínculos dentro del universo libertario. En septiembre de 2025, cuando fue convocado por la fiscalía, Cerimedo declaró que Spagnuolo le habría hablado en conversaciones privadas sobre un esquema de presuntas coimas relacionado con las contrataciones de la agencia.
Según aquella declaración, el exfuncionario le habría mencionado un supuesto retorno del 3 por ciento destinado a la Casa Rosada y pagos atribuidos a Martín “Lule” Menem. Esas afirmaciones forman parte de la investigación y deberán ser contrastadas con el resto de la evidencia incorporada al expediente.
Ahora Beller afirma que posee grabaciones de conversaciones en las que Cerimedo habría hablado de esos mismos hechos.
La eventual incorporación de ese material a la causa podría abrir una nueva línea de investigación: no solamente respecto del contenido de los audios, sino también sobre su origen, las circunstancias en las que fueron obtenidos y las personas que participaron de su filtración.
La trama de las contrataciones en ANDIS
La causa judicial no depende exclusivamente de las grabaciones. Según la investigación, el expediente cuenta con documentación de licitaciones, información extraída de teléfonos celulares, registros contables y comunicaciones entre empresarios y funcionarios.
Uno de los elementos analizados por los investigadores son las compulsas de precios correspondientes a medicamentos de alto costo. De acuerdo con la acusación, una proporción muy elevada de las órdenes de compra habría quedado concentrada en determinadas empresas, mientras que otras firmas habrían participado como competidoras aparentes, presentando cotizaciones considerablemente superiores.
El expediente también contiene registros contables atribuidos a Miguel Ángel Calvete, donde aparecen fechas de pagos que, según los investigadores, coincidirían con desembolsos realizados por el Estado. En esos registros se habrían consignado porcentajes correspondientes a presuntos retornos vinculados con las adjudicaciones.
A esto se suman conversaciones de WhatsApp incorporadas a la investigación, en las que aparecen empresarios y funcionarios discutiendo contrataciones, pagos y el funcionamiento interno del organismo.
La Justicia deberá determinar ahora qué alcance tuvo cada una de esas maniobras, quiénes participaron y si existió efectivamente una estructura coordinada para direccionar las contrataciones y obtener beneficios económicos ilegales.
El “3 por ciento” y las acusaciones contra la Casa Rosada
Uno de los elementos políticamente más sensibles de la causa es la referencia a un supuesto “3 por ciento” que, según las declaraciones atribuidas a Spagnuolo y posteriormente reproducidas por Cerimedo, habría tenido como destino la Casa Rosada.
La acusación alcanzaría, según los testimonios incorporados al expediente, al entorno de Karina Milei y a Lule Menem.
Sin embargo, se trata de imputaciones que deben ser diferenciadas de los hechos que la Justicia ya considera acreditados o suficientemente sustentados. La existencia de documentación sobre contrataciones, comunicaciones y movimientos empresariales no prueba por sí misma que los funcionarios mencionados hayan recibido dinero ni que la máxima conducción del Gobierno haya ordenado las maniobras investigadas.
Ese es, precisamente, uno de los puntos centrales que deberá determinar la investigación judicial.
La defensa de Spagnuolo y la batalla por los audios
La defensa de Spagnuolo intenta instalar una hipótesis diferente: que las grabaciones que dieron origen al escándalo podrían formar parte de una operación de inteligencia destinada a perjudicar al Gobierno.
Sus abogados plantearon incluso la denominada teoría del “fruto del árbol envenenado”, con el objetivo de cuestionar la validez de las pruebas obtenidas a partir de los audios.
En paralelo, existe una investigación encabezada por el fiscal Carlos Stornelli que analiza precisamente la hipótesis de una eventual operación detrás de las grabaciones.
Pero la discusión sobre la autenticidad de los audios no resuelve por sí sola el resto del expediente. La causa ANDIS también se apoya en evidencia documental y tecnológica obtenida durante la investigación.
El juez federal Ariel Lijo dispuso avanzar con una pericia sobre las grabaciones. El estudio estará a cargo de la Dirección de Criminalística de Gendarmería y buscará establecer, entre otros aspectos, la autenticidad del material y si existieron modificaciones o manipulaciones.
Spagnuolo había solicitado que los audios fueran declarados nulos, pero no habría aportado una muestra de su voz para la comparación pericial.
El papel de Natalia Basil
Otro nombre que vuelve a aparecer es el de Natalia Basil, exesposa de Cerimedo y exfuncionaria de la ANDIS.
Beller sostiene que Basil habría tenido un papel decisivo en la filtración de los audios. Según su relato, Cerimedo le atribuía a su exesposa ambiciones políticas y negocios dentro del Estado y habría sido ella quien entregó el material que terminó llegando a la Justicia.
Basil trabajó en la ANDIS entre abril y diciembre de 2024, período en el que, según la investigación, comenzó a desarrollarse el esquema de contrataciones bajo sospecha.
Sin embargo, existen elementos que relativizan esa hipótesis. Basil se desempeñaba en el área de pensiones y no en el sector de Incluir Salud, donde se concentra buena parte de las maniobras investigadas. Además, el período que los investigadores identifican como de mayor intensidad de los presuntos sobreprecios corresponde a 2025, cuando Basil ya no trabajaba en el organismo.
Por eso, su eventual participación en la filtración deberá ser probada y no puede darse por establecida únicamente a partir del testimonio de Beller.
Una causa que excede a los audios
El nuevo testimonio vuelve a poner a Cerimedo en el centro de la investigación y puede aportar elementos para reconstruir el origen de las filtraciones. Pero el expediente ANDIS tiene una dimensión mucho mayor.
La Justicia investiga si existió una estructura destinada a direccionar contrataciones públicas, inflar precios y distribuir retornos entre empresarios y funcionarios. La evidencia reunida hasta ahora incluye documentación oficial, registros contables, comunicaciones privadas y datos obtenidos de dispositivos electrónicos.
La gran incógnita política, en tanto, es hasta dónde llegan las responsabilidades.
Una cosa es demostrar la existencia de un esquema irregular dentro de un organismo estatal. Otra, sustancialmente diferente, es acreditar que ese esquema respondía a una estructura superior dentro del Gobierno y que parte del dinero obtenido ilegalmente llegaba a funcionarios o dirigentes de la Casa Rosada.
Ese es el punto en el que la causa ANDIS deja de ser solamente una investigación sobre contrataciones y se transforma en uno de los mayores desafíos políticos para la administración de Javier Milei.
La pregunta que vuelve a incomodar al Gobierno
Los nuevos dichos de Beller no constituyen, por sí mismos, una prueba definitiva de las acusaciones contra el oficialismo. Sí agregan un nuevo elemento a una trama que desde hace meses combina denuncias de corrupción, disputas internas, filtraciones, acusaciones cruzadas y una investigación judicial de alto impacto político.
Si Beller finalmente declara y entrega los audios, la Justicia deberá responder primero una pregunta básica: ¿son auténticos y fueron preservados sin alteraciones?
Luego vendrá la cuestión decisiva: ¿qué información pueden corroborar esas grabaciones con respecto al esquema de contrataciones investigado en ANDIS?
El peritaje de los audios, los testimonios de los involucrados y el análisis de la documentación secuestrada serán determinantes.
Mientras tanto, el caso vuelve a poner bajo la lupa los vínculos entre Cerimedo, Spagnuolo y distintos sectores del poder libertario, y deja abierta una incógnita de mayor alcance: si las presuntas maniobras de corrupción investigadas en la ANDIS constituyeron un episodio acotado dentro de un organismo estatal o fueron parte de una estructura con conexiones más profundas dentro del Gobierno de Javier Milei.